La Policía golpea la trama de los ‘falsos menas’: padres con recursos abandonan a sus hijos para obtener la nacionalidad y ayudas estatales

La Policía Nacional ha activado una nueva fase operativa en la lucha contra el fraude migratorio, centrando sus esfuerzos en desmantelar una trama cada vez más extendida: la de los falsos menas. Las investigaciones han revelado un patrón delictivo en el que familias de clase media y alta, procedentes principalmente de Marruecos y Argelia, orquestan el abandono de sus hijos en territorio español. El objetivo no es la supervivencia, sino una inversión a largo plazo: conseguir la documentación legal, beneficiarse de las ayudas estatales y, finalmente, ejecutar la reagrupación familiar en suelo europeo.

La Operación Suiza y el mito de la loba Luperca

Bajo el nombre de Operación Suiza, y su reciente ramificación denominada fase Luperca —en referencia a la loba capitolina que amamantó a Rómulo y Remo—, las autoridades han comenzado a practicar detenciones no solo de los progenitores, sino también de los propios jóvenes una vez alcanzan la mayoría de edad.

La Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de Alicante ha sido pionera en este dispositivo, que lleva dos años activo y que ya acumula más de 70 padres detenidos. La operativa policial ha dado un giro estratégico: ahora el foco se sitúa sobre aquellos que entraron como menores y que, tras cumplir los 18 años, continúan residiendo en España bajo un estatus legal obtenido fraudulentamente.

El perfil del fraude: turistas con visado y recursos económicos

A diferencia de los dramas humanitarios protagonizados por menores que huyen de zonas de conflicto o pobreza extrema, los casos investigados en esta trama presentan un perfil socioeconómico radicalmente opuesto. Según fuentes policiales, no se trata de migrantes sin recursos. De hecho, los agentes han quedado sorprendidos por la ostentación y el nivel de vida de algunas de las familias implicadas.

El modus operandi es sofisticado y dista mucho de la llegada en patera. Las familias ingresan en España legalmente, vía aérea o terrestre (a menudo cruzando desde Francia), en calidad de turistas y con los visados en regla. Una vez en territorio nacional, instruyen a sus hijos para que acudan a una comisaría o centro de servicios sociales y declaren haber llegado solos, despojándose de su documentación original.

Detenciones de ‘falsos menas’ al cumplir la mayoría de edad

El reciente arresto en Alicante de un joven de 19 años, identificado con las iniciales Z. E. K., marca un punto de inflexión en la respuesta del Estado. Este individuo, que entró en el sistema de protección como un supuesto menor desamparado, ha sido detenido por fraude a la seguridad social y estancia irregular.

La Policía Nacional sostiene que la tarjeta de residencia que poseen estos jóvenes fue obtenida mediante un delito de falsedad y fraude de ley. Al simular una situación de desamparo que no era real, el acceso a los permisos de residencia por circunstancias excepcionales se considera nulo. Aunque el joven detenido ya se encontraba trabajando legalmente por cuenta ajena, las autoridades subrayan que «esa documentación es parte de un delito», lo que invalida su situación administrativa.

El coste para las arcas públicas: 218 euros diarios por plaza

El impacto económico de este fraude es considerable y ha generado un intenso debate político y administrativo. La Generalitat Valenciana, una de las comunidades más afectadas junto con Madrid y Cataluña, cifra en 44,5 millones de euros la partida destinada a la atención de menores migrantes.

Susana Camarero, vicepresidenta del Consell, ha detallado que el coste medio por día y usuario asciende a 218 euros. Estos recursos, diseñados para proteger a la infancia más vulnerable, están siendo drenados por familias que fingen una precariedad inexistente, ocupando plazas que, según los investigadores, «hacen falta a otros niños que efectivamente las necesitan».

De Madrid a Alicante: una trama extendida por toda España

Aunque el epicentro de la fase Luperca se sitúa en Alicante, el fenómeno de los falsos menas se replica en otras comunidades autónomas como Madrid, País Vasco, Canarias y Cataluña. En la capital, la Brigada Provincial de Extranjería ha detectado un «goteo incesante» de casos similares al pionero detectado en Algeciras hace un lustro.

La estrategia es idéntica: llegada como turistas, abandono pactado y retorno de los padres a su país de origen. En un caso reciente y paradigmático, una familia accedió a España por la frontera francesa, abandonó a su hijo frente a un centro de acogida en Bilbao y el padre fue posteriormente interceptado y detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche cuando intentaba volar de regreso al Magreb.

El vacío legal y la falta de cooperación internacional

Uno de los mayores obstáculos a los que se enfrenta la Policía Nacional es la escasa colaboración de las autoridades de Marruecos y Argelia. A pesar de que los investigadores logran identificar a los familiares con los que el menor entró en España, los países de origen rara vez responden a las solicitudes de reagrupación familiar o repatriación.

«Si el padre no vuelve a entrar en territorio español, no existe una orden de extradición para este tipo de delitos», lamentan fuentes policiales. Los progenitores se enfrentan a cargos por abandono de menor y favorecimiento de la inmigración ilegal, pero la impunidad es habitual si logran cruzar la frontera de vuelta antes de ser localizados.

Además, existe una fricción judicial: la Fiscalía a menudo no considera el agravante de lucro en el delito de inmigración ilegal, ya que no hay una red de tráfico de personas externa cobrando por el servicio, sino que es la propia familia quien organiza el fraude para beneficiarse del sistema de bienestar español.

Consecuencias penales y bloqueo del futuro en España

La nueva directriz policial busca enviar un mensaje disuasorio claro: el fraude tiene consecuencias penales que pueden hipotecar el futuro de los implicados. Al detener a los jóvenes una vez cumplen los 18 años, se genera un antecedente penal en su historial.

Esta «marca» delictiva complica enormemente, y en muchos casos imposibilita, la tramitación de cualquier permiso de residencia legítimo en el futuro. La vía legal, que implicaría regresar a su país al cumplir la mayoría de edad y tramitar la residencia desde allí demostrando recursos, es sistemáticamente ignorada por estas familias, que prefieren atajar mediante el fraude del sistema de acogida.

La operación continúa abierta y los agentes advierten que hay más de setenta jóvenes identificados que ya han superado la mayoría de edad y que podrían enfrentarse a detenciones inminentes si se comprueba que siguen haciendo uso fraudulento de ayudas públicas, pisos tutelados o documentación obtenida bajo falsas premisas.